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El mercado inmobiliario, el más castigado desde 2008
Según los datos adelantados por el Banco de España y sistemáticamente corroborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía española acumula tres trimestres consecutivos de crecimiento económico y presenta una tendencia claramente alcista. Este dato, indiscutiblemente positivo, no permite sin embargo hablar de recuperación generalizada de nuestra economía, al menos en el sector inmobiliario, el más castigado desde 2008.

casa.JPG Durante el tercer trimestre de 2013, el PIB español avanzó un 0,1% y puso fin a veintisiete meses consecutivos en recesión. Entre octubre y noviembre este crecimiento se duplicó y permitió despedir el año con un crecimiento intertrimestral del 0,2%. Finalmente, el primer trimestre del año en curso consolidó notablemente este comportamiento al alza al experimentar un incremento del PIB del 0,4%. Este último dato ha permitido además constatar un repunte del consumo interno o demanda nacional si se prefiere del 0,7%, que ha acabado con catorce trimestres consecutivos de caída inexorable de nuestra demanda interna.

Hasta aquí, lo positivo de los datos resulta innegable. No obstante, existen algunos claroscuros que impiden que la intensidad de la recuperación sea mayor. El mercado inmobiliario ha sido quizá el más castigado desde 2008 (contabilizando en este apartado los datos del sector de la construcción y los de la compraventa de inmuebles propiamente dicha) y la superación definitiva de la crisis ha de pasar necesariamente por dar solución a sus problemas. Al fin y al cabo, si el indicador más negativo en estos momentos es de largo la tasa de paro (25% en mayo de 2014), gran parte de la responsabilidad de estos niveles de desempleo radica en la construcción.

En consecuencia, no resolver debidamente los problemas del sector inmobiliario lastrará siempre el crecimiento de la economía española al tiempo que condena a nuestro país a sufrir un paro estructural superior al 10% a medio plazo. Evidentemente, las soluciones a este problema no tienen por qué venir del sector público más allá de no poner más facilidades a las ejecuciones bancarias. Precisamente porque somos conscientes que es la iniciativa privada la que está llamada a solucionar este estado de las cosas, solo cabe exigir que el Estado no actúe como rémora y suavice su marco tributario y legislativo.
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